La Cámara de Comercio y Servicios (CNCS) advierte que la firma de un acuerdo de intercambio de datos fiscales con Argentina podría hacer que Uruguay pierda el 35% de la inversión anual proveniente de ese país, al menos US$ 150 millones.
Esas estimaciones surgen de un informe elaborado por la gerencia de Asuntos Institucionales de la cámara fechado en diciembre al que accedió El País.
En base a datos del Banco Central sobre inversión extranjera directa (IED) desglosada por país, se advierte que la proveniente de Argentina sumaba en 2009 unos US$ 465 millones del total de US$ 1.593 millones, es decir, un 29%. Eso la convertía en el principal origen de la inversión que llega al país. En segundo lugar estaba Brasil, con solo 7% del total. El informe acota que si bien los datos son de 2009, el peso de Argentina es significativo desde 2005.
La CNCS estima que la firma de un acuerdo de intercambio de información (que también evite la doble tributación) que está negociando el gobierno uruguayo con su par argentino «estaría sacrificando corrientes de inversiones existentes en el entorno de los US$ 150 millones», es decir, casi la tercera parte de lo que los argentinos invierten por año en Uruguay.
Según sus estimaciones, ese monto correspondería a las inversiones que les sería más fácil retirar de Uruguay debido a que no son intensivas en el factor tierra, como los servicios en general, que pueden prestarse desde otros países.
El sacrificio se hace con el fin de «crear nuevas corrientes de inversiones que son inciertas en su monto y hasta en su propia existencia», señala el informe. En ese sentido, sostiene que la firma del acuerdo -que busca cumplir con los requisitos de transparencia fiscal que impone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- «merece un exhaustivo análisis de costo-beneficio». Agrega que las autoridades «deben ser muy cuidadosas» en la firma de acuerdos de este tipo con países vecinos.
Para llegar a la estimación final, los técnicos de la CNCS partieron del supuesto que la inversión proveniente de Argentina tiene una composición por sectores similar al total de la IED que recibe Uruguay.
El 65,5% de la inversión total en IED estaría relacionada a la tierra (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y a inversiones con grandes costos iniciales (industria, construcción y hoteles y restaurantes), dice el informe. Al trasladar ese porcentaje a Argentina, se desprende que el 34,4% de la IED que llega de ese país «tendría más facilidades para deshacer sus inversiones», de cumplirse con el supuesto especificado.
NEGOCIACIONES. Los gobiernos a ambas orillas del Río de la Plata ya trataron «borradores» para un acuerdo de intercambio de información tributaria entre ambos países, basados en el modelo de la OCDE, pero con «varias modificaciones» a propuesta uruguaya, habían dicho a El País fuentes oficiales a fines de diciembre.
Esas propuestas buscan dar «más garantías» como la de establecer mecanismos para evitar la doble tributación (que la persona pague tributos por la misma actividad en Uruguay y Argentina). Eso asegura que los impuestos que pague el argentino en Uruguay le sean reconocidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Otra de las propuestas del gobierno es que los funcionarios de las administraciones tributarias y financieras no puedan desembarcar en el otro país para fiscalizar.
El gobierno uruguayo también busca que las solicitudes de información no sean retroactivas, es decir, que no puedan ir por hechos acaecidos antes de la firma del convenio.
En su informe, la CNCS sostiene que si el acuerdo fuera de esa manera «y si en Argentina se pagara la diferencia de los impuestos, tal vez la inversión no se vería tan desalentada».
No obstante, se señala que sí incidiría en los fondos futuros de IED en Uruguay «que resultan totalmente necesarios para el desarrollo» del país.
ACCIONES AL PORTADOR. Además de la firma de acuerdos con Argentina y Brasil, otro de los requisitos de OCDE es que Uruguay pueda identificar a los propietarios de acciones al portador, ya que de lo contrario no podría tener todos los datos necesarios para responder a los pedidos que le formulen fiscos del extranjero.
A fin de año, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que busca cumplir con esa exigencia. Allí se establece que los accionistas hoy anónimos deberán presentar una declaración jurada a la entidad emisora de los títulos o de lo contrario serán multados y la firma no les pagará utilidades. La entidad luego deberá presentar los datos a la Dirección General Impositiva (DGI).
Si bien el informe de la Cámara está fechado con anterioridad a este proyecto, deja en claro que «debe buscarse el sistema de registro y las instituciones correspondientes que generen la mayor confianza para dichos titulares». La CNCS entiende que las más idóneas podrían ser «instituciones privadas tales como entidades financieras, estudios jurídicos o cámaras empresariales» y que, si el Gobierno considera que debe ser una institución pública, estiman «más adecuada» a la Auditoría Interna de la Nación.
La Cámara también consideró la aplicación debe ser «exclusiva» para sociedades comprendidas en la ley 16.060 y, por lo tanto, que no alcance a sociedades del exterior con inversiones radicadas en el país, algo que no fue contemplado en el proyecto del gobierno.
«Dada la trascendencia, complejidad y potenciales efectos de este tema, se considera imprescindible la participación del sector privado nacional en la discusión», concluye la CNCS.
Piden baja del gasto público
La Cámara de Comercio y Servicios sostuvo en un comunicado divulgado ayer que la «solución de fondo» para mejorar la competitividad global de la economía uruguaya -afectada por la inflación- es que el gasto público «no presione más aún sobre la demanda de (bienes) no transables y que permita a su vez generar ahorro fiscal para sostener el precio del dólar con recursos genuinos». A su vez, pidió que los costos salariales estén «alineados a sus fundamentos» y que las reglas de juego sean «claras, predecibles y estables» para crear un «adecuado ambiente de negocios». Para la Cámara, la inflación es «un problema en sí mismo» porque afecta a empresarios y consumidores y hace que el país pierda competitividad
Fuente: www.elpais.com.uy
Despachante de Aduanas en Uruguay
Ruebn A. Redaelli
